ESCRITO EN 12 ABRIL 2024. PUBLICADO EN PERÚ

En Perú viven más de 4 millones de personas indígenas, 55 pueblos indígenas que hablan 47 lenguas. En 2007 votó a favor de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Fuente: https://www.iwgia.org/es/peru/5489-mi-2024-per%C3%BA.html

El Estado peruano reconoce a 47 lenguas indígenas habladas por 55 distintos pueblos en el país. En el Censo Nacional de Población de 2017, casi seis millones de personas (5.972.603) se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena u originario, lo que representa algo más de un cuarto de la población total. De éstos, 5.176.809 se reclaman quechua y 548.292 aymará. La población censada amazónica que se autoidentifica como asháninka, awajún, shipibo, y de otros pueblos amazónicos ascendió a 197.667. Cerca de 50.000 se reclaman pertenecientes a otros pueblos indígenas u originarios. Se sabe que en la región amazónica el subregistro censal continúa siendo alto.

Más del 20 % del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras superpuestas al 47,8 % del te­rritorio de las comunidades campesinas. En la Amazonía peruana las concesiones de hidrocarburos cubren el 75 % de la región afectando a casi todos los pueblos. La superposición de derechos sobre territorios comu­nales, la enorme presión de las industrias extractivas y sus efectos contaminantes, la ausencia de ordenamiento territorial y la falta de implementación eficaz de la consulta previa, agudizan los conflictos territoriales y socioam­bientales en Perú, país que ha suscrito y ratificado el Convenio so­bre Pueblos Indígenas  169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y votó a favor de la De­claración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.

El año 2023 ha sido de resistencia permanente para los pueblos indígenas del Perú. Diversas amenazas anteriormente reportadas por este anuario que se esperaba pudieran conjurarse al iniciar el año, reaparecieron con tenacidad, aún con variantes en su nivel de peligrosidad. Otras que flotaban en el aire se concretaron y, por último,  ocurrieron nuevos hechos de violencia contra líderes indígenas en defensa de la seguridad de sus territorios y el ambiente. Sin embargo, a base de esa misma fuerza para resistir se ha dado en el año un primer espacio de diálogo con el Estado peruano sobre el derecho a la libre determinación, lo que constituye un paso muy importante.

Buena parte de este escenario es producto directo de la situación política y la crisis institucional del país, donde el gobierno de sucesión de Dina Boluarte, heredera del período gubernamental de Pedro Castillo, ha dado en ceder y negociar con el Congreso de la República políticas públicas y normas, de cualquier signo, que beneficien a intereses particulares de miembros o allegados del Legislativo o de su primer ministro. La debilidad de la presidenta es tal, y su distanciamiento de la sociedad civil tan notoria que el gobierno está en manos de esa alianza que casi nadie duda en tildar de mafiosa^[1].

A los efectos de esta inusual alianza, en un país donde en la última década el Congreso ha obstaculizado permanentemente al Ejecutivo y éste ha sido objeto de intentos repetidos de cierre, y los partidos políticos se han hecho irrelevantes, se suma el control logrado por el Congreso sobre el Tribunal Constitucional, con la elección por él de magistrados deslucidos y maleables. El Congreso también se empeñó en la elección de un nuevo Defensor del Pueblo que desde que asumió su puesto se  ocupó de desmontar todas las áreas clave para la defensa de los derechos ciudadanos y en particular de los pueblos indígenas. Evidencia o retrato de ese claro menoscabo del equilibrio de poderes es la decisión del Tribunal Constitucional que exime al Congreso del control constitucional, dejando por ahora frenados  los diversos recursos de amparo presentados en contra de actuaciones del Legislativo. La designación de una nueva persona al frente de la Fiscalía de la Nación con vínculos no explicados con la organización criminal denominada “cuellos blancos del puerto”, quien a lo largo del 2023 dio diversos pasos para desconocer a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no ha hecho sino agravar la crisis institucional en el marco de la cual los intereses particulares pueden encontrar fácil respaldo de los actores del Congreso y el Ejecutivo.

El malestar de la ciudadanía se refleja en la desaprobación de ambos Poderes a lo largo de 2023. La presidenta Dina Boluarte, que inició el año con una desaprobación de 71%, lo terminó con 85%; el Congreso pasó de 88% de desaprobación a 91%^[2]. Contribuyen a este malestar también la inseguridad ciudadana, que se ha extendido a todo el país urbano y rural, la inflación, la crisis económica, y la corrupción normalizada en el seno del Congreso. El pedido de renuncia de la presidenta y de nuevas elecciones tropezó con una estratagema exasperante jugada en pared por ambos Poderes para neutralizarla con un horizonte de statu quo hasta 2026, período que ante la crisis institucional se hará eterno y repetitivo.

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Siguen las protestas y movilizaciones  

Al final de 2022, a la salida del presidente Castillo ocasionada por su intento de golpe de Estado, le siguieron fuertes protestas y bloqueos de carreteras en todo el país, que en el sur del país provocaron 28 muertes producto del uso desproporcionado de la fuerza. La tregua de las navidades concluyó el 4 de enero cuando en Puno las comunidades Aymará retomaron sus protestas con alto número de heridos. El enojo de los indígenas de Puno, el departamento más indígena del país, siguió acrecentándose ante el agravio por el comentario de la presidenta Boluarte quien señaló que “Puno no es el país”, pretendiendo desestimar el valor de su protesta.

Las protestas puneñas, en gran medida animadas en un inicio por el reclamo de la liberación de la prisión preventiva y reposición de Castillo en la presidencia y una reforma constitucional, se encendieron nuevamente en el resto del país y se trasladaron a las ciudades. A la capital llegaron grandes delegaciones de Puno y otras regiones para lo que se llamó “la toma de Lima” provocando el desalojo de las universidades nacionales que habían dado posada a manifestantes. La participación de mujeres indígenas, algunas acompañadas de sus hijos, fue notoria en estas manifestaciones. El ministro del sector educación respondió con un agravio cuando a propósito de esa presencia señaló que las mujeres indígenas eran “peor que animales”. Las protestas solo cedieron en marzo, cuando el fenómeno del Niño y la presencia de un inusitado ciclón en la costa del Perú provocaron grandes daños, desbordes de ríos y avalanchas. Pero el rechazo en el sur, que acuñó el lema “Puno no olvida”, continuó firme hasta el fin de 2023.

La visita de trabajo de la Comisión Interamericana reportó al 23 de enero de 2023, 57 muertes producto de manifestaciones enfrentadas con un uso desproporcionado de fuerza^[3]. Su informe da cuenta de demandas sociales de carácter estructural derivadas de un contexto de discriminación y desigualdad que han generado la exclusión en el acceso a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). En particular, hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país (párr. 25). El reporte llamó la atención sobre la estigmatización de los indígenas, el tildar de terroristas a los que protestaban y quienes los respaldaron e incluso a los periodistas (práctica que en argot peruano se denomina “terruquear”) y acerca de la falta de investigación de las responsabilidades políticas y penales por estas muertes. Con todo, la prensa independiente ha logrado documentar cómo algunos asesinatos ocurrieron fuera del escenario mismo de las protestas que a veces se tornaron violentas.

La minería ilegal continúa amenazando territorios indígenas

A lo largo de 2023 la minería ilegal ha sido el flagelo en muchos de los territorios indígenas de la Amazonía peruana. Sintiéndose respaldados por la norma de 2022 (DS 010-2022-MINEM) y los anuncios de flexibilización para el ingreso y permanencia en el Registro de Formalización Minera REINFO, grupos de mineros han invadido segmentos de gran parte de las cuencas amazónicas, provocando no solo destrucción ambiental sino agudos conflictos sociales. Hoy queda claro a nivel del conjunto de América Latina, incluido el Perú, que la expansión de la minería aurífera favorecida con estas protecciones legales está intrínsecamente vinculada al financiamiento del narcotráfico que encuentra en la primera un eficiente sistema de lavado de ingresos ilegales^[4].

Como en el año previo, en 2023 los territorios Awajún y Wampís han estado bajo permanente ataque de los mineros ilegales. Si bien los operativos colectivos propios o con apoyo de la policía y otra fuerza pública, logran desalojar temporalmente a los mineros, con el financiamiento al que tienen acceso y la corrupción de algunos agentes, los ingresos y ataques se renuevan, cada vez con equipos y armamento más sofisticado. Algunas de estas invasiones se dan al amparo de concesiones mineras otorgadas sobre territorios comunales que abarcan tramos de ríos.

Estos intereses son cada vez más globales, igual que sus aparatos de protección, amedrentamiento y castigo. Pero estos intereses globales tienen en el país sus protectores. En el curso de 2023 se han presentado diversas iniciativas legislativas en el Congreso peruano para ampliar la vigencia de la oportunidad de formalización, sea indefinidamente o dentro de un plazo extendido. Las amenazas a líderes y comunidades que se resisten a su presencia son pan de cada día.

Intereses madereros tratando de hacerse de las reservas para pueblos en situación de aislamiento

Cuando la batalla parecía ya ganada en contra de intereses madereros de Loreto que ambicionan los ricos bosques existentes en las reservas indígenas para pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), en julio de 2023 se anunció una nueva iniciativa legal en favor de aquello^[5]. Esta vez los actores interesados arguyeron la necesidad de proteger los derechos de las comunidades nativas vecinas, apelaron al nacionalismo en contra de la “internacionalización” del territorio peruano y siguieron argumentando que la presencia de los llamados PIACI era un invento de las organizaciones civiles no gubernamentales (ONG) y de sectores tildados como “caviares”, para deslegitimar toda resistencia, incluidas la de las organizaciones indígenas regionales y nacionales^[6]. A estos intereses madereros se sumó abiertamente el nuevo gobierno regional en funciones desde enero de 2023. En mayo, sectores del Congreso exigieron que el proyecto N° 3515 fuera discutido en comisiones para ser aprobado en el pleno y hubo repetidas insistencias.

Fue necesaria una enorme campaña mediática nacional e internacional y el pronunciamiento de los países que otorgan fondos a iniciativas para detener la deforestación y mitigar el cambio climático (Noruega, Alemania y Gran Bretaña) para poner un freno,  por ahora, a estos intereses^[7]. Esos mismos intereses llaman a no desperdiciar las oportunidades de Loreto en el fomento a la minería aluvial que aportaría más que la producción petrolera. Está claro que los pueblos indígenas, sus organizaciones y la sociedad civil enfrentarán nuevas arremetidas en el futuro en contra de los territorios de estos pueblos originarios altamente vulnerables.

Paquetazo ambiental, otra vez

En el Perú los paquetazos ambientales son caballos de Troya que se presentan cada cierto tiempo. En el año 2023 resaltaron dos propuestas en esta línea: la reforma de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la propuesta de modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP).

La “sugerencias” para realizar las modificaciones a la ley forestal se hicieron públicas en enero y el tema, acompañado de gran presión mediática, fue resucitado varias veces durante el año, obligando a las organizaciones indígenas que a actuar persistentemente, haciendo notar que si su reglamento había sido aprobado por proceso de consulta, la reforma debería estar sujeta a la misma exigencia. Aunque la iniciativa fue archivada en marzo en el Congreso, al final del año un sector logró que volviera a la agenda del pleno del Congreso por una reconsideración y su aprobación acelerada. Ante la opinión pública se argumentó que debido a la norma miles o millones de pequeños agricultores carecían de título y por ende tenían negado beneficios como del crédito agrario. La ley, aprobada casi al cierre de la legislatura de 2023, establece tres cambios radicales: primero, la suspensión de la zonificación forestal; segundo, la exclusión del Ministerio del Ambiente en procesos que eran de su competencia en materia forestal; y tercero, la eliminación del procedimiento de autorizaciones de cambio de uso en áreas privadas. Los especialistas alertaron en contra del riesgo de deforestación masiva y de su impacto en las metas comprometidas por el país en relación al cambio climático.

Hacia setiembre se hizo evidente que detrás de la norma estaba la confederación de empresarios CONFIEP^[8] y que tenía como propósito blanquear o regularizar sin más trámite los miles de hectáreas deforestadas sin autorización alguna por intereses corporativos relacionados con la palma aceitera y el cacao, y permitir su expansión. Aunque secundario, la norma tiene también el alegado propósito de que la producción procedente de predios que fueron originalmente establecidos de manera irregular no encontrara obstáculos debido a la norma europea, aprobada en mayo de 2023, que prohíbe la compra de productos procedentes de áreas deforestadas irregularmente después del 31 de diciembre de 2020, o de terrenos obtenidos mediante violencia.

En un nuevo juego en pared entre el Ejecutivo y el Congreso, el primero hizo públicas diversas observaciones de fondo creando la ilusión de que si se aprobaba la observaría o aún plantearía su inconstitucionalidad. Eso no ocurrió, de modo que la ley ha entrado en vigencia y su impacto sobre los bosques podría ser de gran magnitud. Varias grandes empresas que en los últimos años han llevado a cabo procesos de deforestación a ras de la tierra, como Ocho Sur, Tamshi y sus avatares, que ante las críticas no habían dudado el criminalizar a sus opositores, además de amedrentar a las comunidades que resistieran su accionar, se verán beneficiadas en lo inmediato.

La alegada necesidad de reactivación económica ha servido también para proponer otra dimensión del debilitamiento del régimen ambiental. A instancias de Perupetro, el sector de energía y minas propuso en el primer semestre, que luego renovó en octubre, una modificación de la Ley N° 26.834 de Áreas Naturales Protegidas mediante decreto supremo^[9]. El objetivo de la reforma es permitir la explotación de petróleo en las ANP, y establecer la compatibilidad automática en las zonas de amortiguamiento de las ANP y Áreas Naturales de Conservación Regional^[10]. Como señalaron diversos especialistas, la propuesta vaciaría en gran medida de contenido a la norma. Muchas de estas áreas donde se permitiría sin condicionamientos la explotación petrolera se ubican en territorios indígenas. Se trata de una amenaza dejada en la puerta de 2024. Es por demás irritante que se proponga superponer actividad petrolera a áreas protegidas tomando en consideración el récord de contaminación petrolera en el país^[11].

El tercer elemento de este paquete es la reedición de la llamada ventanilla única, que tiene el propósito de facilitar y agilizar los trámites de aprobación de grandes proyectos fusionando diversos organismos autónomos que opinan sobre los impactos ambientales. No es una idea nueva pero sí lo es el ubicar esta ventanilla en la Presidencia del Consejo de Ministros, sujeta a arbitrariedades no técnicas. Al fusionar estos organismos, entre ellos el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), no sólo se verían mermadas las competencias y procedimientos técnicos en la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA, sino también desaparecería el derecho a opinar ante él con relación a los EIA por parte de quienes pudieran verse afectados por los proyectos y planes, entre ellos las comunidades nativas y campesinas.

Defensores ambientales asesinados y querellados

Es lamentable que el anuario indígena de IWGIA deba consignar en tantos países una sección dedicada a reportar o analizar los peligros enfrentados por los defensores ambientales indígenas. En el Perú se ha tenido que lamentar en abril de 2023 el asesinato de Santiago Contoricón Antúnes, profesor asháninka de la cuenca del Tambo donde había tenido un importante rol en la lucha contra los ataques y reclutamientos forzados del grupo Sendero Luminosoy la pacificación de sus comunidades y había sido alcalde (2003-2006).

En diciembre ocurrieron otros dos asesinatos brutales: el del líder kichwa Quinto Inuma Alvarado en Santa Rosillo de Yanayacu en la región San Martín, y el de Benjamín Flores Ríos, líder kakataibo de Ucayali. Todos los casos tienen en común el que se había alertado a las autoridades del riesgo que corrían porque habían recibido amenazas de madereros y narcotraficantes y el que sus familias han quedado desprotegidas porque no hay mecanismos apropiados para cuidarlos y para neutralizar las amenazas contra las comunidades.

En mayo se produjo un ataque armado al local de la organización awajún ODECOFROC,  Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa que resistía la invasión de mineros ilegales en un hecho que pudo haber provocado muchas muertes. Amenazas equivalentes han tenido lugar en diversas localidades a manos de madereros ilegales a los que se ha impedido actuar con impunidad, como es el caso de las comunidades Wampís del río Santiago o Kanús en la región Amazonas.

Tanto en la selva como en la sierra en el año 2023 hemos sido testigos de querellas judiciales contra defensores indígenas por parte de empresas extractivas. En mayo diversos dirigentes fueron acusados de difamación y demandados por la empresa minera Antapacay de Glenncore a la condena de un año de cárcel y el pago de 10.000 soles. Igual argumento, esta vez de daño contra el honor, la reputación y la imagen (sic), ha sido empleado por la empresa Maderera Canales Tahuamanu contra Julio Cusurichi Palacios, entonces dirigente de FENAMAD, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, hoy dirigente de AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, al haber denunciado el riesgo de ingresar a tierras donde circulan grupos de pueblos en aislamiento durante la pandemia de Covid.

En Loreto, los 18 comuneros kichwa de la cuenca del río Tigre procesados desde el año 2022 a instancias de Pluspetrol por un caso ocurrido en 2008, han continuado sujetos a juicio a lo largo de 2023. Se espera que en 2024 se defina si se presenta acusación o no. A este caso le ha seguido otro igual de injusto. En el mes de octubre de 2023, la oficina de Petroperú de Piura demandó a 16 personas por atentar contra el oleoducto ese mismo año en colusión con empresas remediadoras^[12]. La demanda incluyó sin prueba alguna de esto a comuneros del Kukama del río Marañón. Se expidió una orden de captura, sin que mediara aviso, contra dos comuneros kukama de San Pedro. Al término de 2023 ACODECOSPAT, la organización que representa a su comunidad, había logrado que salieran de la prisión de Lima a la que habían sido llevados sin derecho a comunicarse y solicitar consejo legal, pero el plazo de investigación es de 36 meses. Son métodos de amedrentamiento cada vez más audaces contra quienes se oponen a actividades extractivas que afectan los derechos territoriales indígenas y su impacto en el ambiente. Cabe en ese marco mencionar el caso de la ingeniera Lucila Pautrat del instituto Kené que había sido objeto desde 2019 de una querella por “difamación agravada” por parte de Tamshi SAC ante su documentación acerca de la deforestación de más de 2.500 hectáreas de bosques en Tamshiyacu para el cultivo de cacao. Finalmente en octubre 2023 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia condenatoria en segunda instancia que ratificaba el fallo previo que la había condenado a dos años de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de 50.000 soles.

Hacia un diálogo acerca del derecho a la libre determinación

Junto a la resistencia y resiliencia que los pueblos indígenas u originarios del Perú han puesto de manifiesto a lo largo de 2023, la nota de esperanza la puso un foro co-organizado por el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos a través de su Misión en Lima, el 9 de noviembre. Al evento denominado “El desafío del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y originarios en el Perú. Diálogo con el Estado” se invitó a diversos gobiernos autónomos de la Amazonía y a representantes del Estado peruano. Durante el evento se presentó el Informe legal de sustento de la personería jurídica de los Gobiernos Indígenas Autónomos bajo el principio de autodeterminación y tuvieron intervenciones por  videoconferencia Jens Dahl, ex Vicepresidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Naciones Unidas, Gam A. Shimray, Secretario General de la organización regional de Asia Indigenous Peoples Pact AIPP, y una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a académicos peruanos. Aún ante el panorama actual de crisis y desinstitucionalización, donde no cabe esperar que este primer diálogo logre dar frutos sustantivos pronto, la iniciativa deja trazada una ruta hacia la mejor concreción de los derechos colectivos.

Frederica Barclay es antropóloga e historiadora peruana. Actualmente preside el Centro de Políticas y Derechos Humanos – Perú Equidad.

Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.

 Notas y referencias

^[1] Hidalgo Bustamante, M. “Aliados de la minería ilegal: los proyectos y la investigación fiscal que revelan los nexos en el Congreso”. El Comercio, 4 de febrero de 2024. https://elcomercio.pe/politica/congreso/mineria-ilegal-los-proyectos-y-la-investigacion-fiscal-que-revelan-los-nexos-en-el-congreso-noticia/

^[2] “El 72% de la ciudadanía considera que Dina Boluarte no defiende la autonomía del Poder Ejecutivo ante el Congreso”. La República, noviembre de 2023. https://data.larepublica.pe/encuesta-iep-peru-aprobacion-desaprobacion-presidencia-congreso-de-la-republica-ejecutivo-legislativo/noviembre-2023/

^[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales, 23 de abril de 2023. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/informe-situacionddhh-peru.pdf. El informe fue presentado en abril. Ese mismo mes, Human Rights Watch también se pronunció sobre el uso desproporcionado de fuerza y muertes no investigadas: https://www.hrw.org/es/news/2023/04/26/peru-abusos-brutales-cometidos-por-las-fuerzas-de-seguridad. Desde entonces surge periódicamente, desde el Congreso y sectores autoritarios, la propuesta de que el Perú abandone el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

^[4] Carrere, M. “La minería ilegal que permite lavar dinero del narcotráfico se expande en las regiones de triple frontera de la Amazonía”. Mongabay, 18 de agosto de 2023. https://es.mongabay.com/2023/08/mineria-ilegal-lavar-dinero-narcotrafico-triple-frontera-amazonia/; “La minería ilegal y el lavado de activos en América Latina”. Acams Today, 2 de agosto de 2023. https://www.acamstoday.org/la-mineria-ilegal-y-el-lavado-de-activos-en-america-latina/; Amazon Watch, InfoAmazonia, Amazon Underworld. Amazon Underworld. Economías criminales en la mayor selva tropical del mundo. Noviembre de 2023. https://amazonwatch.org/assets/files/2023-11-amazon-underworld-es.pdf.

^[5] Evidencia de este interés son las no menos de 47 concesiones madereras que desde el 2015 se ha intentado superponer a las reservas PIACI.

^[6] Territorio Encendido. “No a los PIACI. No a los enclaves territoriales. Ministerio de Cultura Racista y vendepatria”. YouTube, 10 de diciembre de 2023. https://youtube.com/watch?v=3t8K_eQSO_M&feature=shared

^[7] Estos sectores habían determinado que debían dictaminar las comisiones parlamentarias de Cultura y Descentralización, omitiendo la participación de la de Pueblos Indígenas Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Cultura se abstuvo y recomendó que interviniera esta última. Al opinar en contra, la de Descentralización se abstuvo.

^[8] Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, fundada en 1984.

^[9] La ley de ANP data de 1997. Solo su reglamento podría ser aprobado por decreto supremo. Perupetro, el ente de la iniciativa legal que el titular de los lotes petroleros, el que los adjudica a terceros para su exploración/ explotación.

^[10] En el 2006 se creó una reserva comunal (Tuntanain) en cuya norma de creación se estableció que tenía primacía el lote petrolero que en paralelo quedaba establecido. Curiosamente en el año 2019 Petroperú y Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) habían firmado un convenio. Según el presidente de Petroperú, este tenía el propósito de “promover el cuidado de nuestra biodiversidad en áreas vecinas a sus operaciones de influencia. Es obligación de todos cuidar nuestro entorno para las generaciones futuras y ello −dijo− nos lleva a ser conscientes, actuando con seriedad y con gran responsabilidad social y ambiental.” “PETROPERÚ firma convenio con SERNANP para preservar la biodiversidad”. Petroperú, 28 de agosto de 2019.  https://petroperu.com.pe/petroperu-firma-convenio-con-sernanp-para-preservar-la-biodiversidad.

^[11] A. León Cépeda y M. Zúñiga Lossio. 2022. Actualización de la información sobre sitios con daño hidrocarburífero en el Perú: 1997-2021. Lima: Oxfam / CNDDHH. En el año 2023 han continuado habiendo derrames petroleros en el oleoducto, en pozos petroleros de la selva y de la costa. En 2023 se ha estimado que el costo de la remediación de los sitios priorizados del lote 1AB costará no menos de 1.447 millones dólares.  Zúñiga, M. y Díaz, D. “Miseria del petróleo: Más de 5 mil millones de soles pagará el Estado peruano por la remediación del ex Lote 1AB”. Observatorio Petrolero, 6 de febrero de 2023. https://observatoriopetrolero.org/miseria-del-petroleo-mas-de-5-mil-millones-de-soles-pagara-el-estado-peruano-por-la-remediacion-del-ex-lote-1ab/).

^[12] En 2017 se estableció una Comisión Investigadora del Congreso que identificó la participación de personal que había trabajado en Petroperú en atentados contra el oleoducto para acceder a contratos de remediación. En 2019 el Congreso desechó el informe. “Perú: las claves del informe del Congreso sobre los derrames de petróleo en la Amazonía”. Mongabay, 12 de enero de 2018. https://es.mongabay.com/2018/01/peru-congreso-informe-derrames-petroleo/.

Etiquetas: Derechos Territoriales, Defensores de derechos humanos indígenas, Empresas y derechos humanos , Protesta, Conservación

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